Internacionales

52 países piden cambios políticos en Venezuela

Un comunicado conjunto de  52 países, representados por Perú,  pidió ayer miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cambios políticos en Venezuela para que ese país “recupere un total disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

“Sólo se conseguirá a través de una solución política pacífica, que incluya la celebración de elecciones presidenciales libres y justas bajo la constitución y la ley internacional”, subrayó el comunicado, leído por la embajadora peruana ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Silvia Elena Alfaro Espinosa.

La diplomática señaló que el medio centenar de países signatarios “están preocupados por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos en Venezuela”, que según el comunicado pudo comprobar la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su visita al país latinoamericano en junio.

“Pudo escuchar testimonios sobre torturas en centros de detención, arrestos de personas por ejercer sus derechos civiles y políticos, violencia a manos de las fuerzas de seguridad, impunidad y falta de garantías de acceso a la justicia”, añadió el documento.

Ello ha causado, entre otros problemas, que “enfermedades que en su momento se consideraban erradicadas en la región han reaparecido por el colapso del sistema sanitario venezolano”, como es el caso de la malaria.

El comunicado fue presentado en una sesión regular del Consejo de Derechos Humanos en la que las distintas delegaciones pueden comentar la situación de las libertades fundamentales en diversas partes del mundo, dos días antes de que Bachelet presente ante el mismo organismo su esperado informe sobre la situación en Venezuela.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió ayer al Estado de Venezuela a investigar los “probables actos de tortura” a los que fue sometido el militar Rafael Acosta Arévalo antes de morir. En un comunicado, la CIDH expresó “alarma” y “preocupación” por el fallecimiento de Acosta Arévalo “por probables actos de tortura”.

Se denunció el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela, con más de cuatro millones de personas viéndose obligadas a salir del país, con 8,000 salidas diarias.

También se denunció “la precariedad del derecho a la sanidad, por la escasez de medicinas y equipamiento, el éxodo de profesionales del sector, el deterioro de la calidad del agua.

 

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