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ONG dice autoridades de Venezuela usan detención preventiva como castigo

CARACAS, VENEZUELA, (Reuters).- Un grupo no gubernamental de Venezuela dijo el lunes que a 74% de las personas detenidas por razones políticas no se le ha abierto un juicio, lo que demostraría que las autoridades usan la detención preventiva como un castigo.

Las leyes venezolanas contemplan que esa detención preventina no puede exceder los dos años, dijeron los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, directivos de Foro Penal, que ofrece servicios pro bono de asistencia jurídica a detenidos de forma arbitraria.

En Venezuela hay actualmente 323 presos políticos, 23 de ellas mujeres y el resto son hombres, de los cuales al menos 123 son militares, dijo Romero en una conferencia de prensa.

El Ministerio de Información y la Fiscalía General no respondieron de inmediato solicitudes de comentarios.

Romero agregó que del total de detenidos, a 74% “ni siquiera se les ha abierto juicio, es decir, que no han tenido la oportunidad de tener ni siquiera una audiencia” en los tribunales. “Los mantienen arbitrariamente más tiempo”, agregó Romero.

Sólo a 20% de los detenidos se les ha abierto un juicio, mientras 6% han admitido los hechos.

Del 74% que espera un juicio, por ejemplo dijo Romero, 49 detenidos tiene dos años en prisión, 10 llevan cuatro años tras las rejas y cuatro ya cumplieron seis años en la cárcel a la espera de juicio.

“Estas personas estan siendo utilizadas para mandar un ejemplo, en procesos penales que se eternizan y que se desnaturalizan, convirtiéndolos en una herramienta de persecución política”, dijo Himiob.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro y las autoridades judiciales rechazan que en Venezuela existan presos políticos y dicen que son “políticos presos” por cometer diversos crímenes.

“En los casos de índole político, la verdad no cuenta, no interesa”, dijo Himiob. Lo que interesa es “convertir el proceso en un castigo anticipado”, agregó.

Romero agregó que incluso cuando las personas son excarceladas, quedan con medidas restrictivas como prohibición de salir del país y que deban presentarse ante los tribunales cada 30 días. Más de 9.000 personas desde el 2014 y hasta este año estan en esa situación, desde políticos hasta militares.

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